La regularización fundiaria en núcleos urbanos es un proceso esencial para garantizar seguridad jurídica, inclusión social y mejora en la calidad de vida de las familias que viven en áreas sin registro formal de propiedad. Para el Dr. Kelsem Ricardo Rios Lima, Oficial de Registro de la Propiedad Inmueble en el Estado de Minas Gerais, esta medida no solo promueve la legalización de la posesión, sino que también posibilita el acceso a derechos básicos e infraestructura adecuada. Al integrar áreas irregulares al ordenamiento jurídico, el proceso fortalece la gestión urbana y contribuye al desarrollo sostenible de las ciudades.
Este procedimiento involucra acciones jurídicas, urbanísticas, ambientales y sociales, con el objetivo de adecuar el uso del suelo a las normas vigentes. Es especialmente relevante en regiones donde la ocupación desordenada generó asentamientos precarios, muchas veces sin saneamiento, pavimentación ni equipamientos públicos, lo que dificulta la implementación de políticas de mejora urbana.
Regularización fundiaria en núcleos urbanos: objetivos y fundamentos
El principal objetivo de la regularización fundiaria es resolver situaciones de irregularidad que comprometen el derecho a una vivienda digna y el acceso a servicios esenciales. El proceso puede abarcar desde pequeños loteos hasta grandes comunidades, con el fin de promover la inclusión social y reducir la inseguridad jurídica de los residentes. Según el Dr. Kelsem Ricardo Rios Lima, Oficial de Registro de la Propiedad Inmueble en el Estado de Minas Gerais, al asegurar la titulación de la propiedad, las familias pueden acceder a crédito, invertir en mejoras habitacionales y tener mayor protección contra desalojos.
El marco legal fue fortalecido por la Ley nº 13.465/2017, que introdujo procedimientos más ágiles y criterios claros para identificar áreas susceptibles de regularización. La norma diferencia la regularización de interés social, dirigida a familias de bajos ingresos, de la regularización de interés específico, aplicable a áreas con mayor valor económico. Esta distinción permite que el proceso sea más justo y adecuado a las diferentes realidades urbanas.
Las etapas suelen incluir levantamiento topográfico, análisis documental, estudios ambientales y elaboración de proyectos de urbanización. Estos pueden contemplar la apertura de calles, instalación de redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica, además de medidas de preservación ambiental y prevención de riesgos geotécnicos.
Beneficios y desafíos del proceso
La formalización de la propiedad trae beneficios que van más allá de la seguridad jurídica individual. Para el municipio, implica un aumento en la recaudación del impuesto predial, lo que posibilita mayores inversiones en infraestructura. Las comunidades regularizadas tienden a recibir mejoras en el transporte público, pavimentación e iluminación, fortaleciendo la integración urbana. El Dr. Kelsem Ricardo Rios Lima, Oficial de Registro de la Propiedad Inmueble en el Estado de Minas Gerais, observa que este avance también impacta positivamente en la autoestima de los residentes, que pasan a sentirse parte oficial de la ciudad.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos importantes. La burocracia excesiva, la superposición de legislaciones, los conflictos de posesión y la falta de recursos técnicos y financieros son factores que pueden retrasar o incluso inviabilizar las acciones. Además, la ocupación de áreas ambientalmente sensibles exige soluciones específicas para conciliar preservación y vivienda.
Otro desafío es garantizar la participación de la población. La colaboración activa de los residentes, proporcionando información correcta y cumpliendo con las exigencias legales, es fundamental para la eficacia de la regularización. Sin esa cooperación, el proceso tiende a ser más lento y menos efectivo.
Importancia para la planificación urbana
La regularización fundiaria va más allá de resolver pendientes jurídicas. Integra oficialmente áreas antes al margen del sistema legal, permitiendo una planificación urbana más eficiente y amplia. Con ello, es posible direccionar políticas públicas, inversiones y servicios hacia regiones antes invisibles en los registros oficiales.
Al transformar núcleos irregulares en barrios reconocidos, el poder público amplía las oportunidades de desarrollo y reduce desigualdades. Esta transformación fortalece el tejido social y contribuye a una ocupación más ordenada del territorio urbano.
En conclusión, la regularización fundiaria en núcleos urbanos es un instrumento indispensable para la construcción de ciudades más justas, seguras y organizadas. Además de garantizar el derecho a la vivienda, posibilita una gestión más eficiente del espacio urbano, beneficiando a los residentes, a los municipios y a la sociedad en su conjunto.
Autor: Denis Nikiforov
